Bocangel y Pasquel quieren que el PJ aplace juicio por usurpación de funciones.

Después de casi cuatro horas de audiencia, el juez Nivar Trejo suspendió hasta mañana su pronunciamiento sobre el pedido de la defensa de los denunciados.

18 Abril, 2016 - 3:10 pm. Juez Nivar Trejo resuelve mañana pedido de exautoridades de la Unheval denunciadas por la Suendu. Fiscal pidió 5 años de cárcel, la Sunedu 40 000 soles de reparación civil y la Unheval, S/. 30 000.

CÁRCEL Y REPARACIÓN.

El exrector de la Univer­sidad Nacional Hermilio Val­dizán (Unheval), Guillermo Bocangel Weydert, y su exvi­cerrector académico, Lorenzo Pasquel Loarte, buscan que el Poder Judicial aplace hasta fecha indeterminada el juicio oral en sus contras por el su­puesto delito de usurpación de funciones al continuar en di­chos cargos después del 31 de diciembre del 2015.

Con ese propósito la tarde del viernes el abogado de Gui­llermo Bocangel, Fernando Corcino, presentó y sustentó ante el juez Nivar Trejo su pe­dido de que se deduzca una cuestión prejudicial, antes de iniciar el juicio oral. El abogado de Pasquel, Edinson Rabanal, se adhirió a ese pedido.

Corcino y Rabanal sostie­nen que sus patrocinados no pueden ser llevados a juicio mientras la Sala de Derecho Constitucional y Social Perma­nente no resuelva la apelación que presentaron Nancy Vera­mendi y Abner Fonseca Livias contra la sentencia de la Sala Civil que anuló los dos estatu­tos aprobados por los dos gru­pos de la Asamblea Estatutaria de la Unheval.

Mañana a las 11:00 horas, en la continuación de la Au­diencia Única de Juzgamiento iniciada la tarde del viernes, Nivar Trejo se pronunciará so­bre dicho pedido, que el fiscal Fernando Astete ha refutado y sustentado que no procede porque ninguno de los inves­tigados es parte en el proceso por la validez de los estatutos aprobados indistintamente por los dos grupos de la Asamblea Estatutaria de la Unheval.

Astete advirtió además que se trata de hechos distintos y que no tienen relación con el delito imputado a los investi­gados.

Corcino sostiene que sí guarda relación porque si la Corte Suprema declara váli­do el estatuto aprobado por el grupo mayoritario de miembro de la Asamblea Estatutaria, su patrocinado entonces podía ejercer el cargo de rector has­ta mayo del 2018 y se caería la acusación fiscal.

La procuradora de la Super­intendencia Nacional de Edu­cación Superior Universitaria (Sunedu), Melba Tafur Garrido, y la apoderada del rector inte­rino de la Unheval, David Ma­quera, Blanca Aguí, también se pronunciaron en contra del pedido adhiriéndose a los argu­mentos del fiscal.

La apelación de la senten­cia que declara nulos los dos estatutos de la Unheval se en­cuentra desde el 07 de enero en la Sala de Derechos Consti­tucional y Social Permanente de la Corte Suprema con el ex­pediente Nº 220-2016 y desde el 13 de ese mes que se ha pe­dido a las partes que señalen su domicilio procesal, no se ha registrado ningún trámite en el proceso.

El propósito de Bocangel con el pedido sustentado por su abogado, sería ganar tiempo de cara al 27 de julio para poder asumir el cargo de congresista de la República por Fuerza Po­pular, para el que fue elegido el domingo 10 de abril, de acuerdo con los resultados de la ONPE aún no proclamados por el tri­bunal electoral. Una sentencia condenatoria le impediría asu­mir la representación congre­sal por Huánuco.

En la Audiencia Unica de Juzgamiento, el fiscal Fernando Astete ha pedido al juez Nivar Trejo que imponga una conde­na de 5 años de cárcel efectiva a Guillermo Bocangel y Lorenzo Pasquel a quienes señala como autores del delito de usurpa­ción de función pública de rec­tor y vicerrector académico de la Unheval, respectivamente.

También está pidiendo que sean inhabilitados para ejercer todo cargo público por 16 meses.

La procuradora de la Sune­du, Melba Tafur, solicitó que se imponga una reparación civil de 20 000 soles a cada uno por el daño causado a la Unheval y a la Sunedu.

Y Blanca Aguí, apoderada del rector interino de la Unhe­val, solicitó que cada uno pague 15 000 soles de reparación civil por el daño causado a la Unhe­val.

La incorporación de ambas al proceso fue admitida por el juez al inicio de la audiencia, sin la objeción de los abogados defensores.

ACUSACIÓN

Fernando Astete, fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, sustentó su acusación contra Bocangel y Pasquel que ambos, a pesar de conocer la nueva Ley Universitaria y de la Guía de la Sunedu que fijan los cro­nogramas para el cambio de las autoridades universitarias, continuaron en sus cargos (el primero hasta el 26 de enero y Pasquel hasta el 27 de enero que la Fiscalía intervino la Un­heval) a pesar que sus manda­tos vencieron el 31 de diciem­bre del 2015, por efectos de la nueva Ley Universitaria y la Guía para la Adecuación de Go­bierno de las Universidades Pú­blicas, aprobada por Resolución de la Sunedu.

“La única autoridad que subsistía (en la Unheval desde el 1 de enero) era la Asamblea Estatutaria”, sentenció.

Para probar que ambos continuaron ejerciendo sus car­gos en enero, Astete detalló las resoluciones, memorándums, certificados de estudios que fir­maron en enero, las actas de las diligencias fiscales realizadas en la Unheval.

“Bocangel que ya no era rector presidió el Consejo Uni­versitario que estaba compues­to por decanos (de facultades) cesados” después del 31 de di­ciembre del 2015, indicó Astete como sustento de su acusación.

También mencionó que és­te “renunció” al cargo de Rector “y lo encargó a un vicerrector (Lorenzo Pasquel) que ya no era vicerrector”.

El fiscal puso en duda la “renuncia” que Bocangel dice haber presentado el 30 de di­ciembre del 2014 y que el “Con­sejo Universitario” derivó el 26 de enero a la “Asamblea Uni­versitaria Transitoria” para que tramite su vacancia por renun­cia y mientras tanto encargó el Rectorado a Lorenzo Pasquel.

“Bocangel aduce haber re­nunciado, pero eso no se ajusta a la verdad. ¿Qué hacía enton­ces ejerciendo el cargo hasta el 26 de enero? ¿Cómo encarga la Rectoría si ya había renun­ciado? (…) El 18 de enero pidió vacaciones como rector ¿No ha­bía renunciado?”, se preguntó Astete.

Refutó el argumento de Bocangel de que su actuación como rector después del 31 de diciembre fue según el esta­tuto aprobado por el grupo de mayoría de la Asamblea Esta­tutaria, que —según el exrec­tor— estaba vigente porque es la única que está apelada ante la Corte Suprema.

Sin embargo, cabe precisar que los dos estatutos fueron anulados con una sola senten­cia de la Sala Civil que además recomienda a las autoridades universitarias cumplir la Ley Universitaria y la Guía de la Sunedu.

Y Astete aseguró que por un “mal asesoramiento legal”, Veramendi y Fonseca apelaron toda la sentencia y por lo tanto “los dos estatutos están en el limbo jurídico” y lo único apli­carse aplicable en la Unheval era la Guía que fija el cese de las autoridades.

Además advirtio que Ve­ramendy y Fonseca que pro­ponían elecciones en el 2018, aprobaron como asambleístas otra resolución fijando eleccio­nes para este año, lo que —di­jo— debe entenderse como una expresión tácita de desistirse de su pretensión inicial.

En el caso de Pasquel, éste le dijo a la Fiscalía que continuó ejerciendo el cargo de vicerrec­tor académico y de rector de la Unheval porque Asesoría Legal de la Unheval le explicó que de­bería aplicarse la “supremacía de normas” y al igual que Bo­cangel aplicó el estatuto apro­bado por el grupo de mayoría.

El fiscal anotó que tanto Bocangel y Pasquel fueron desconocidos como rector y vicerrector de la Unheval y la Asamblea Estatutaria aprobó la vacancia de ambos y eligió al rector y vicerrectores interinos el 12 de febrero. Además advir­tió que los documentos que fir­maron, incluidos contratos, son ilegales.

LA DEFENSA

Corcino respondió a la sus­tentación del fiscal alegando que éste “pretende sorprender” al juez diciendo que la nueva Ley Universitaria fija el crono­grama para el cambio de auto­ridades y que los dos estatutos están en apelación.

Astete le respondió seña­lando los plazos establecidos en la Primera Disposición Com­plementaria titulada “Proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública”. “Si eso no es cronograma ¿qué es?”, se preguntó el fiscal.

Corcino afirmó que el único estatuto que está en apelación es el que fija las elecciones de las nuevas autoridades valdiza­nas en el 2018.

Es a partir de este proceso que el abogado dedujo su “cues­tión prejudicial”.

“Si se declara fundada la demanda (apelación) se declara valido el cargo de rector hasta el 2018. Entonces todos los ac­tos (de Bocangel y Pasquel) serían válidos”, argumentó.

Sostuvo que el hecho de que Veramendi y Fonseca ha­yan aprobado la resolución convocado a elecciones de nue­vas autoridades este año “no significa desistimiento tácito del proceso” de apelación.

“Es necesario esperar el pronunciamiento (de la Corte Suprema) sobre la validez del estatuto”, le dijo Corcino al juez Nivar Trejo al tiempo de pe­dir que se reserve el juicio por usurpación de función pública hasta que termine el proce­so que se tramita ante la Sala Constitucional y social Perma­nente de la Corte Suprema de Justicia.

Si Corcino cifra su caso en el estatuto, también ha defendido la renuncia de su patrocinado el 30 de diciembre, un día antes de que —según la Guía de Sune­du— cese en sus funciones.

Edinson Rabanal acusó al fiscal de estar “forzando” la denuncia contra Bocangel y Pasquel “por una situación me­diática”.

El fiscal rebatió el pedido señalando que la cuestión pre­judicial procede cuando el in­vestigado está en otro proceso, pero en este caso ni Bocangel ni Pasquel son parte en la ape­lación de la sentencia que anula los estatutos de la Unheval.

Sostuvo que si hubo una vía prejudicial ésta fue admi­nistrativa y ante la Sunedu que concluyó con desconocer a am­bas autoridades universitarias y denunciarlas por usurpación de función pública.

«Al asumir fun­ciones que no les correspondía se desestabilizaba todas las normas emitidas (para el cambio de autoridades) y se afectó imagen de Unheval,, a estudian­tes que no pueden registrar sus títulos». 

Melba Tafur, procuradora de la Sunedu.

«El daño moral es el quebrantamiento a leyes del Gobierno. Con argucias legales pretendieron que­darse hasta el 2018, dando la imagen de desobediencia, de re­beldía. Los docentes alumnos y sociedad ha sido afectada. Al haber permanecido en sus cargos han atentado contra nor­mas establecidas».

Blanca Aguí, apoderada del rector interino de la Unheval, David Maquera.

14 de enero, la Cuarta Fiscalía Prov. Penal Corporativa recibió la denuncia de la Sunedu contra Bo­cangel y Pasquel por usurpación de función pública.

(Diario: Página 3)