El informe del OSCE sugiriendo (por no
decir ordenando) al gobernador regional, Rubén Alva, anular las dos
exoneraciones de licitación para la ejecución de las defensas ribereñas de los
centros poblados de Topa y San Pablo en el distrito de Chaglla, Pachitea, ha
provocado marchas y contramarchas al interior de la administración regional.
En respuesta a ese informe, Alva envió
el 9 de diciembre el oficio Nº 1243-2005 a la misma presidenta ejecutiva del
OSCE, Magali Rojas, defendiendo la exoneración de licitación de las dos obras
y argumentando que es “de suma prioridad” su ejecución.
La vicegobernadora regional, Rosalía
Storck, afirmó que el OSCE había reconocido un error en su informe que objeta
dichas exoneraciones y que ambas obras tenían un avance de 80 y 50 %. En un informe contradictorio fechado el
15 de diciembre, el director de Administración del Gobierno Regional, Nepteli
Aquino, pide que se “retrotraigan” ambas exoneraciones y se realice un proceso
clásico de selección (Adjudicación Directa Selectiva) para la ejecución de
ambos proyectos.
Y ayer el consejero delegado Máximo
Mayo reveló que el gobernador regional les ha anunciado que convocará a
licitación la ejecución de ambos proyectos.
Estas marchas y contramarchas ponen en
evidencia peligrosas debilidades técnico legales en el equipo de Rubén Alva. Lo
de Topa y San Pablo es un nudo difícil de desatar y que va traer
consecuencias.
Fuente: Diario Página 3
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